Los españoles dejarán de cobrar pensiones antes de 2050: La solución, el número de hijos

Las ayudas y las deducciones por nacimientos podrían atenuar el hecho de que España, sólo superado por Japón, sea el país con el problema más grave de sostenimiento de la población jubilada en las previsiones para el 2050, mientras las medidas que desea aplicar el Gobierno empeorarán la situación

Un reciente informe del CesIfo, presentado el 10 de marzo por la Fundación BBVA, viene a constatar que la crisis del sistema de pensiones es una preocupante realidad y puede provocar un decisivo crack que deje a los españoles sin pensiones antes del 2050. De hecho, la propia Comisión Europea ha recomendado a España recientemente que introduzca reformas en su sistema de pensiones. La solución, según el estudio del CesIfo, se centra en incentivar las pensiones privadas, el sistema de ayudas y las deducciones por hijos, unas medidas que el Gobierno español quiere restringir. El informe del CesIfo , integrado por el Centro de Estudios Económicos de la Universidad de Munich y el Instituto IFO de investigación económica, hace un análisis sobre la situación de los sistemas de pensiones públicas en los países industrializados y llega a la conclusión de que, en general, ³no son sostenibles². España concentra los datos más pesimistas, sólo superados por Japón, en las previsiones para el 2050. 


Las peores previsiones, para España Como se puede observar en la tabla que sigue a continuación, España es, después de Japón, el país que tiene unas perspectivas de futuro más ³negro² para el 2050, en lo que al sistema de mantenimiento y financiación de la población pasiva se refiere.


ACTIVOS QUE FINANCIAN A LA POBLACIÓN


PASIVA


País                           2004       2050


Estados Unidos              0,18        0,32


Reino Unido                  0,24        0,38 Irlanda                         0,17        0,41 Dinamarca                    0,23        0,42 Holanda                        0,21       0,42 Francia                         0,25       0,46 Bélgica                         0,27       0,47 Alemania                      0,27       0,49 Austria                         0,24       0,55 Italia                           0,29        0,65


España                      0,25        0,68


Japón                          0,29        0,72

El Gobierno favorecerá a las rentas más bajas en la reducción por hijo

Los cambios anunciados por el Gobierno en materia fiscal apenas tendrán repercusiones notables sobre la actual deducción en la compra de una vivienda. Serán los planes de pensiones y las desgravaciones por hijo los ámbitos que se verán más afectados por la próxima reforma del IRPF.Así, la deducción por hijo, que se corresponde con 1.400 euros para el primero de ellos, dejará de aplicarse sobre la base imponible –un aspecto que beneficiaba a las familias con rentas más altas– para realizarse sobre la cuota del impuesto, según el propósito del Gobierno, si bien hay otras opciones en estudio. La medida ha suscitado ciertas dudas en el colectivo de familias numerosas, agrupado en la Federación Española de Familias Numerosas, ya que, aunque valoran como positiva la medida, apuntan que es fundamental analizar las circunstancias de cada familia para poder hablar de justicia tributaria y social. ‘No es lo mismo una renta alta para una persona que no tiene a nadie a su cargo, que otra que tiene que alimentar a tres o cuatro hijos’, apostillan desde la asociación.

El colectivo advierte de que ‘sin duda’ la reforma perjudicará a las familias numerosas porque siempre representan rentas altas que, sin embargo, ‘no equivalen a disponer de un alto poder adquisitivo’, matizan. ‘Es injusto no tener en cuenta las necesidades económicas de esas familias a la hora de fijar el tipo al que tienen que tribtar’. Así, pidió al Gobierno que estudie fórmulas que recojan este planteamiento para que no se vean ‘agraviadas’ por tener salarios más altos

ESPAÑA: El familiar que cuide a una persona dependiente podría tener sueldo

EL GOBIERNO QUIERE QUE LAS PERSONAS QUE NO TRABAJAN POR CUIDAR DE ALGÚN FAMILIAR RECIBAN UNA PAGA SI SE DAN DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL.El libro blanco de la dependencia, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en el que han colaborado numerosos expertos, propone que los familiares que actualmente se ocupan de atender a personas dependientes, es decir, aquellas que no pueden valerse por sí mismas para llevar a cabo las tareas básicas de la vida diaria, puedan cobrar esos servicios que prestan siempre y cuando se den de alta en la Seguridad Social como autónomos por el número de horas que dedican a esta labor. La profesionalización de esos cuidados beneficiaría principalmente a las mujeres, que en el 83% de los casos son las que se ocupan de la persona dependiente sin que hasta ahora hayan recibido ninguna ayuda ni económica ni material. Asuntos Sociales calcula que podrían incorporarse al mercado de trabajo de la dependencia 110.000 mujeres en el plazo de cinco años. El objetivo del Gobierno con esta propuesta, que está siendo debatida por la mesa sectorial en la que se encuentran representados todos los colectivos relacionados con la dependencia, es proporcionar a las personas dependientes la posibilidad de ser atendidas por su entorno directo, algo que la mayoría prefiere, así como dar empleo a esas miles de mujeres que precisamente por atender a su familiar dependiente han tenido que renunciar al trabajo retribuido. En cuanto al requisito de darse de alta en la Seguridad Social, éste se explica por el hecho de proporcionar una pensión a estas cuidadoras el día de mañana, además de para evitar que la prestación de dependencia se convierta en un mero complemento de la pensión del dependiente, según se recoge en el citado texto. El dinero que percibirían sería inferior al que recibe un profesional de la atención domiciliaria, según aparece en el libro blanco, para lograr el objetivo de que la prestación sirva para garantizar la adecuada prestación del servicio, incrementar el empleo y no se dificulte la incorporación de la mujer al trabajo. De hecho, una de las ideas que considera el Gobierno, y que tiene que ser ahora debatida, es que las cuidadoras FAMILIARES puedan incorporarse al mercado laboral en el sector de la dependencia bien con su familiar o bien para asistir a otros. No hay que olvidar que esas mujeres son las que más experiencia tienen en la atención y cuidados que precisan las personas dependientes. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, considera que el desarrollo de la futura ley de Dependencia obligará a crear como mínimo 300.000 puestos de trabajo y, según el libro blanco, unos 110.000 cuidadores FAMILIARES podrían incorporarse al trabajo de aquí al año 2010. El libro blanco de la dependencia ofrece un diagnóstico de la situación de las personas dependientes en España y plantea una serie de propuestas para su atención con el objeto de que sean debatidas con los agentes sociales, con las distintas administraciones y con los grupos parlamentarios. Del texto consensuado saldrá la ley de Atención a las Personas Dependientes, que el Gobierno prevé que entre en vigor antes de que finalice este año. En este contexto, el libro blanco señala que en estos momentos hay en España 1.125.190 personas que no pueden valerse por sí mismas, de las que 826.551 tienen más de 65 años. Además, hay otras 1.657.400 personas que precisan algún tipo de ayuda para desenvolverse en su vida cotidiana. Las previsiones apuntan que en el 2020 los dependientes más graves superarán el millón y medio de personas. Según el citado texto, hoy en día es la familia, y en concreto la mujer, la que se encarga de la atención a este colectivo. Sólo un 6,5% de las familias que cuidan a dependientes cuentan con algún apoyo de los servicios sociales. El objetivo del ministerio que dirige Jesús Caldera es que la atención domiciliara se extienda a todos los dependientes, evitando en lo posible el ingreso en residencias. La propuesta del Gobierno supondrá un coste ad

Las familias numerosas rechazan los cambios anunciados en las deducciones por hijo en el IRPF.

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) rechazó hoy los cambios anunciados por el Gobierno en las deducciones por hijo dentro de la reforma fiscal del IRPF, ya que considera que deben tenerse en cuenta las circunstancias familiares de cada contribuyente.En un comunicado, las familias numerosas indican que la posibilidad de pasar de aplicar estas deducciones de la base a la cuota del impuesto para dejar de favorecer a las rentas más altas, según el argumento del Gobierno, es una medida positiva, pero destacan que es fundamental analizar las circunstancias de cada familia para poder hablar de justicia tributaria y social, ya que no es lo mismo una renta alta para una persona que no tiene a nadie a su cargo, que otra que tiene que alimentar a tres ó cuatro hijos.’Si nos quedamos sólo con el dato de que el que más gana tiene que tributar más que el que menos ingresa, estamos haciendo demagogia. Nosotros estamos de acuerdo con ese planteamiento, porque es lo justo (beneficiar más a las rentas más bajas), pero no hay que hablar de renta, sino de capacidad económica real, teniendo en cuenta sus necesidades personales y familiares’, subraya la federación de familias numerosas.Por ello, considera que lo positivo de la reforma fiscal de 1999 fue precisamente introducir las deducciones por descendientes y ascendientes en la base, con un nuevo concepto, el ‘mínimo vital y familiar’, que ya existía en otros países de Europa y que supone restar a los ingresos del contribuyente la cantidad de dinero que el Estado estima que es necesaria para cubrir las necesidades básicas de todas las personas que el declarante tiene a su cargo.La Federación advierte de que el planteamiento del Gobierno perjudicará ‘sin duda’ a las familias numerosas porque éstas siempre presentan rentas altas, que sin embargo no equivalen a disponer de un alto poder adquisitivo. ‘Lógicamente, las familias con más hijos necesitan rentas más altas para poder vivir y es injusto no tener en cuenta las necesidades económicas de esas familias a la hora de fijar el tipo al que tienen que tributar’, reitera.En este sentido, las familias numerosas piden al Gobierno que estudie fórmulas que tengan en cuenta este planteamiento para que no se vean ‘agraviadas’ por tener salarios más altos, y aseguran que si, finalmente, se lleva a cabo la reforma anunciada, el Ejecutivo estará ‘penalizando’ a las familias con más hijos.

Más de 5.000 personas defienden la familia y las libertades en Barcelona

En un acto del Pacto por la Vida y la Dignidad


Defender el matrimonio, la libertad para elegir centro educativo y la erradicación de la pobreza son algunos de los temas que 93 entidades cívicas de Cataluña plantean a las administraciones

El Barcelona Teatre Musical (el antiguo Palacio de Deportes de la capital catalana) se llenó absolutamente, sin un sólo asiento libre y con los pasillos y vestíbulos atestados por familias enteras con carritos de niños, grupos de jóvenes, matrimonios y ciudadanos en general. Más de 5.000 personas acudieron al llamamiento de las 93 entidades del Pacto por la Vida y la Dignidad, una alianza de asociaciones catalanas nacida hace dos años para pedir medidas políticas a favor de la vida, la familia, las libertades y los más desfavorecidos. En junio de 2003 ya celebraron un mítin con unos mil asistentes; esta vez quintuplicaron la cifra. A nivel de toda España también se creó a finales de enero el Pacto por los derechos y las libertades, con más de 200 asociaciones implicadas con objetivos similares. La familia como institución básica de la sociedad, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la necesidad de que se promuevan medidas efectivas para erradicar la pobreza, la elección directa de los diputados y el respeto por el hecho religioso con sus símbolos y representaciones personales, fueron los principales argumentos de los discursos. La concentración empezó con una misa que llenó el local. A continuación se desarrolló el acto propiamente dicho, con formato de mitin, en el que intervinieron el presidente de E-Cristians, Josep Miró i Ardèvol, el presidente del Grupo de Entidades Catalanas de la Familia (GEC), Daniel Arasa, la dirigente de la Asociación Pro Vida de Barcelona Dolors Voltas y la presidenta del Movimiento Cristiano de Maestros y Profesores (MCMP), Mercè Lajara, entre otros dirigentes de las organizaciones vinculadas a la iniciativa. Josep Miró i Ardèvol, presidente de E-Cristians y editor de ForumLibertas.com, denunció en su intervención las principales incoherencias de los gobernantes, y reclamó una nueva política de defensa de la vida, así como pensiones justas y un trabajo más decidido por la erradicación de la pobreza. Daniel Arasa, presidente del Grupo de Entidades Catalanas de la Familia (GEC), aseguró que la familia «es aquel lugar donde el niño es acogido y amado, aquel ámbito que más influye en la educación, el lugar donde es arropado y apoyado el hijo que se queda sin trabajo y donde la abuela cuida a sus nietos y está contenta aunque armen jaleo». El presidente de Profesionales por la Ética de Cataluña, Ezequiel Miranda, comparó la ofensiva laicista en España con «una especie de mobbing religioso, de acoso moral a toda manifestación cristiana que se produce en todos los ámbitos de la vida social», señalando que «se fomenta, en gran medida, desde nuestra clase gobernante». En representación de Médicos Cristianos de Cataluña, su vicepresidente, el doctor Ferran García-Faria habló de la píldora del día después, aprobada en España durante el mandato del Partido Popular pero financiada y repartida masivamente ahora por las administraciones socialistas, para recordar que es un producto abortivo y que, en esta manifestación de la cultura de la muerte, «son responsables tanto los que prescriben el fármaco como las que lo toman y quienes facilitan su comercialización». En nombre de la Federación de Asociaciones de Padres de Escuelas Libres, habló Teresa Roquet, señalando que su colectivo «representa a más de 130.000 familias catalanas», y a continuación argumentó sobre la necesidad de la existencia de una escuela concertada «que es complementaria en relación con la pública; nunca son modelos enfrentados». También recordó que «la educación no es un servicio público, sino un derecho que tenemos todos». Por eso concluyó que «no debe ser un monopolio de la administración» y que ésta «debe defender el carácter propio de cada centro», así como «la libertad que tienen los padres de elegir una educación acorde con sus convicciones y creencias». Mercè Lajara, que se presentó como «una profesora que cree en la enseñ