Isabel Bazo: «La LOE no respeta el derecho a aprender de forma gratuita en el centro deseado»

Presidenta de la Confederación Estatal de Centros (CECE)

Con 5.800 asociados, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) discrepa de la LOE. Su presidenta dio ayer una conferencia en Valencia invitada por la Fundación Mainel en colaboración con AVAFAM.
Su conferencia es sobre la «Educación en Libertad». En un Estado de Derecho, ¿es obvio?

-El derecho a aprender de forma gratuita en el centro que la familia desee no se respeta y, lo que es más peligroso, puede que deje de respetarse totalmente.

-¿Lo dice por la reforma que plantea le Ministerio de Educación?

-Un anteproyecto de ley orgánica que no se atenga totalmente al desarrollo de la Constitución, indudablemente, no está respetando los derechos y las obligaciones a la educación del artículo 27 de la Constitución. Hay un pacto corriendo por ahí que Ministerio desea que se firme por las fuerzas sociales para justificar que este anteproyecto de ley cumple lo que desea la sociedad, pero es un pacto de recorte de derechos; por lo tanto, no hay que hacer ningún pacto porque en el año 78 las fuerzas políticas construyeron la Constitución española y si se da cumplimiento al artículo 27 quedaría cumplida la expectativa.

-¿No le gusta el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE)?

-Es una ley ambigua. Estamos en el anteproyecto, pero con todo lo que se ha ido aportando en el Consejo Escolar del Estado hemos visto que no se ha corrido ni una coma. Plantean la educación como un servicio público y se presta a confusión. El servicio público es la actividad que se da desde una titularidad pública. Creemos que la educación es un servicio de interés esencial que se ofrece a la sociedad y debe permitir que los padres elijan el modelo de acuerdo a sus convicciones religiosas, pedagógicas. No puede existir un modelo único, el modelo de enseñanza pública, porque plantearía un monopolio del Estado y eso es malo.

-Pero los centros privados, con los conciertos, se obligan al recibir dinero público.

-Un concierto es un contrato que se hace entre una empresa privada y los poderes públicos con la obligación de que esa empresa dé la enseñanza gratuita a las familias. A una empresa educativa le da lo mismo quién le pague el servicio: la familia o el Estado. Me niego que se diga que hacia la empresa privada se desvían fondos públicos. No es cierto. La enseñanza concertada es por lo menos el 50% más barata que la pública de coste para el Estado.

-¿Sin concierto desaparecería la red privada?

-Nunca desaparecería. Los padres perderían el derecho a elegir centro educativo gratuito y sólo los de una posición económica alta podrían acceder. Sería un error, quitaría igualdad de oportunidades.

-Los niños inmigrantes están en la red educativa pública.

-En el ámbito nacional, la escuela pública es el 70% y la privada, un 30%. Pretendemos que las familias inmigrantes tengan los mismos derechos y obligaciones que las españolas. Tienen derecho a elegir y la obligación de tener rentas bajas, vivir cerca, tener hermanos en el centro y aceptar el proyecto educativo, como los españoles. Tenemos derecho a integrarnos en el entorno. Acogemos tantos niños inmigrantes como corresponden, depende de las zonas.

-La LOE prevé la distribución igualitaria de estos alumnos.

-No debería. A un niño no se le puede repartir como un paquete, su familia tiene derecho a elegir el tipo de educación que quiere.

-¿Es partidaria de eliminar el criterio de renta del Decreto de Admisión de Alumnos?

-Si, porque es una discriminación. En las familias donde trabajamos hombres y mujeres nuestros hijos pierden derechos, estoy en contra de que la educación básica y gratuita haya que pagarla.

El Gobierno estudia crear pisos de protección oficial para familias con rentas medias

La iniciativa está incluida en el borrador del Plan de Vivienda 2005-08, que hoy se ha presentado a los directores generales autonómicos.
 El borrador del Plan de Vivienda 2005-08, que hoy se ha presentado a los directores generales autonómicos de Vivienda, prevé una nueva tipología de vivienda pública, un 20% más cara, a la que podrán optar las familias de rentas medias, que actualmente no pueden acceder a la vivienda libre ni a la pública.Según fuentes del ministerio de Vivienda, este nuevo módulo -para el que se baraja el nombre de ‘vivienda de precio concertado’- se calculará multiplicando un coeficiente representativo del nivel de vida de cada Comunidad Autónoma (CC AA) por entre 5,5 y 6,5 veces el Indicador de Rentas Públicas con Efectos Múltiples (IPREM), antiguo Salario Mínimo Interprofesional (catorce pagas de 460,5 euros).
El borrador del plan propone que sean las CCAA quienes decidan qué porcentaje de vivienda protegida (el total previsto para todo el Estado es de 180.000 hasta 2008) se acogerá a esta nueva tipología, aunque en ningún caso podrá superar un tercio del total.
Otra de las iniciativas propuestas es la de prolongar la calificación de Vivienda de Protección Oficial (VPO) a toda su vida útil, con el objetivo de evitar la especulación y aumentar el parque de vivienda pública, aunque la medida no tendría efectos retroactivos.
Al tiempo, el texto -que ha elaborado el departamento de María Antonia Trujillo junto a medio centenar de agentes implicados- pretende facilitar la venta de VPO una vez transcurridos diez años desde su compra (el plazo actual es de quince años), bien al precio de la VPO más cara en ese momento, bien a la suma del precio inicial y el aumento acumulado del Indice de Precios al Consumo (IPC).
Devolución de las ayudas
Antes de esos diez años, podrán transmitir su VPO determinados colectivos, como jóvenes que hayan tenido descendencia tras la compra, familias numerosas o personas que necesiten cambiar de residencia por motivos laborales, aunque en éste caso y en el de las expropiaciones por impago, será obligatorio devolver las ayudas recibidas (a la entrada o a la financiación).
Para evitar los casos de fraude, el borrador del plan establece la obligatoriedad de que cada CCAA elabore un registro de vendedores y demandantes de VPO, que servirá como intermediario y evitará que exista conexión entre ellos. La lucha contra el fraude es, precisamente, una de las prioridades del borrador, que establece fórmulas de cofinanciación para ayudar a las CCAA en esta materia.
El plan, que todavía no tiene dotación presupuestaria -ésta la determinará el Consejo de Ministros en junio, mes en el que Vivienda pretende aprobarlo para, en julio, firmar los respectivos convenios con las CC AA-, prevé destinar más dinero a vivienda protegida en alquiler que a vivienda en compra, lo que se traducirá en una mayor financiación para los promotores de vivienda protegida en alquiler.

Los populares sospechan que los 50 millones de los fondos de dependencia irán a Aragón y Cataluña

La gran apuesta del Gobierno, los fondos de dependencia, se ha quedado en la mitad de la mitad. El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió en el Congreso de Familias Numerosas a destinar 1.000 millones de euros adicionales a fondos de dependencia. Es decir: residencias de ancianos, programas de atención domiciliaria, etc. En un país como España con más de 8 millones de pensionistas y con una pirámide poblacional invertida, eso es importante.

Pues bien, resulta que de 1.000 millones, nada de nada. Este gobierno está dispuesto a cambiar el mundo siempre que salga barato. Así que la promesa electoral fue recortada a 50 millones de euros. Poca chicha para tan grave problema. En todo caso, sería esperable que los fondos se repartieran de manera equitativa y objetiva entre las CCAA. Pero según revela el semanario Alba, el intersectorial celebrada el 29 de abril resultó un tanto esperpéntico.


A pregunta de la consejera de Bienestar Social canaria sobre los criterios de reparto entre las CCAA, el Gobierno responde a los responsables autonómicos que “vayan enviando sus propuestas” y que se primarán los proyectos que resulten más “creativos”. Cuestión de talante.


El caso es que un día antes hubo una reunión de los responsables autonómicos socialistas preparatoria de la intersectorial. Desde el ministerio cometieron el error de enviar la convocatoria por fax también a alguna comunidad popular, que obviamente conservan el documento “enmarcado”. Y estos responsables autonómicos populares sospechan que la falta de objetividad en los criterios de reparto hará que los fondos vayan a ser repartidos entre Aragón y Cataluña. Al tiempo.

Las familias desbordan Viveros

Los jardines acogen el día internacional en el que los niños fueron los protagonistasCientos de familias numerosas valencianas acudieron ayer a los Jardines del Real para conmemorar el Día Internacional de la Familia.Para celebrarlo, jóvenes y mayores, padres e hijos, disfrutaron juntos de las actividades lúdicas que se presentaban. Las mesas en las que se entregaban globos a los niños y los lugares donde transformaban las caras de los más pequeños en dibujos, fueron los talleres más solicitados, entre la arena de colores y los collares de pasta. Mientras, el Circo Gran Fele animaba a otros cientos de personas atraídas por la música étnica y por las piruetas de los actores. Los niños miraban embobados al acróbata mientras colgaban de los brazos de sus padres. Una joven pareja, padres de tres pequeños,aseguraban que sus hijos «estaban disfrutando a lo grande» por eso habían acudido «a pasar un rato juntos».Otro matrimonio afirmó que había acudido a este encuentro «porque nos gusta que a nuestra hija vea teatro y se distraiga y se centre en el mundo del arte, porque es una niña muy imaginativa». Además, una veintena de asociaciones informaban en los Viveros sobre aspectos relacionados con la familia, como la acogidas a niños o la ayuda ante las agresiones sexuales.

Blasco anuncia 796 millones de ayuda directa

La Generalitat Valenciana invertirá un total de 796 millones de euros, en el periodo que abarca esta legislatura hasta el año 2007, para facilitar el acceso a la primera vivienda a través de ayudas directas.Este tipo de ayudas son percibidas, principalmente por personas jóvenes de hasta 35 años, aunque otros colectivos beneficiados son las familias numerosas, monoparentales, personas mayores y discapacitadas. En total, los ciudadanos de la Comunidad Valenciana que accedan a su primera vivienda en este periodo recibirán un importe estimado total de 1.372 millones de euros en ayudas directas, ya que a los 796 que destina la Generalitat Valenciana hay que sumar los 576 que deberá aportar el Ministerio de Vivienda. El conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, destaca que «el Gobierno valenciano tiene un firme compromiso con sus ciudadanos para garantizarles el acceso a un hogar, y la importancia de las inversiones en vivienda por parte del Consell son una buena muestra del cumplimiento que mantenemos. Sólo hay que ver que la Generalitat aporta el 58% del volumen total de las ayudas por sólo el 42% que aporta el Ministerio de Vivienda».«Ésta es una nueva prueba del trabajo e inversión del Consell para atender la demanda de sus ciudadanos en una materia tan importante como es la de la vivienda, y de que el presidente Francisco Camps no escatima ningún esfuerzo en su compromiso de beneficiar a 100.000 familias con el acceso a una vivienda digna hasta el año 2007», añade.Las cifras aportadas por la Generalitat Valenciana suponen una inversión de 199 millones anuales en ayudas directas, por los 144 que deberá de destinar la Administración Central. «Esta diferencia de 55 millones anuales de euros más a favor del Consell es una nueva muestra de qué administración está ejecutando el mayor esfuerzo para beneficiar a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana», apostilla el conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco.