Las asociaciones familiares creen que la agilización del divorcio traerá más rupturas

Exigen ser consultadas; si no, «el Gobierno invocaría el talante, pero aplastaría el diálogo con las familias»


El Ministerio de Justicia prevé llevar al Consejo de Ministros en este mes de septiembre la ley de agilización de los trámites de disolución jurídica del matrimonio. Esta medida llevaría a la ruptura jurídica efectiva en menos de dos meses, suprimiendo el estadio de separación, lo que según el Instituto de Política Familiar, impedirá a unos 15.000 matrimonios al año reconciliarse, con los perjuicios sociales que eso conlleva. Hasta la fecha, la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcárcel, no ha recibido a estas Instituciones, pese a que hace meses que solicitaron entrevistarse.

«Cualquier medida que facilite la ruptura familiar es imprudente y mala». Así de contundente se ha mostrado José Ramón Losana, presidente de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), ante la pretensión gubernamental de agilizar los trámites del divorcio, cuyo anteproyecto de ley obtendrá el visto bueno del Consejo de Ministros a lo largo de este mes, según afirman desde el Ministerio de Justicia. Losana estima que uno de los mayores problemas en este y otros campos es que «las leyes se hacen para solucionar los problemas de los adultos, sin pensar en los niños» en vez de buscar otras «que apoyen la reconciliación» y vaticina que «se van a incrementar las rupturas seguro», que ya ascendieron el pasado año, entre separaciones y divorcios, a 126.742.
   Por su parte, el presidente del Foro Español de la Familia (FEF) y experto jurista, José Gabaldón, ha expresado su inquietud ante la iniciativa legislativa del Gobierno, ya que ignora que «el matrimonio es la institución jurídica en la que se asienta la sociedad occidental» en vez de impulsar «la estabilidad de las instituciones jurídicas que sostienen el Estado». Además, Gabaldón expone con cierta perplejidad que, por un lado, «se busque la equiparación de las parejas de hecho al matrimonio» y, por otro, se hagan esfuerzos por reducir el matrimonio a lo que es una pareja de hecho.
   El presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, es quien más ha querido resaltar –al margen de no considerar positiva la medida– el hecho de que, hasta la fecha y a pesar de haberlo solicitado hace meses, la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcárcel, aún no les ha recibido, por lo que «no muestra tener voluntad política de querer contar con la participación de asociaciones y expertos» en política familiar. «Sin ese consenso previo, el Gobierno invocaría al talante, pero aplastaría el diálogo con las familias, sería presumir de tolerancia e imponer las cosas unilateralmente», añade Hertfelder.
   Desde el IPF se pide además «una reflexión profunda y sin demagogias ideológicas» de la situación de la ruptura matrimonial en España –una cada cuatro minutos– y de su desarrollo exponencial, con un 10 por ciento más que el pasado año, de manera que las medidas jurídicas «vayan encaminadas a reducir la ruptura familiar y no ha incrementarla».
   «No es haciendo medidas contra la familia como se ayuda a la familia», remacha Hertfelder.

Avafam

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