El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular que se presentó el pasado mes de junio en el Parlamento. La iniciativa pretende proteger la definición y los derechos del matrimonio, diferenciados de otros tipos de uniones, y basar los criterios de adopción en la tutela e intereses del menor. Cuando se recojan las 500 mil firmas que requiere la Ley, el Parlamento estará obligado a debatirlo y votarlo en el Congreso.

El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular presentada por el Foro Español de la Familia el pasado mes de julio. La propuesta recuerda que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, y plantea la capacidad de adoptar atendiendo a los intereses de los niños.


 


Esta medida se toma ante la falta de diálogo del Gobierno con las asociaciones familiares, y su pretensión de equiparar legalmente otros modos de convivencia esencialmente distintos al matrimonio, como las parejas de hecho o las uniones del mismo sexo. El Foro considera que el matrimonio –como soporte de la sociedad-, es el mayor  bien a proteger por el Estado de Derecho, y denuncia que legislar del mismo modo diferentes situaciones y relaciones supone una injusticia y va en detrimento de la estabilidad.


 


Se trata con esto de evitar confusiones entre los distintos tipos de uniones, garantizando la mayor libertad y pluralidad. Esta propuesta no discrimina ni va contra los derechos de nadie, sino que opta por el pluralismo social salvaguardando los perfiles y definición del matrimonio.


 


Respecto a la adopción de menores, El Foro basa su criterio atendiendo a los derechos de los niños y la tutela e intereses del menor. Para ello se pretende modificar la redacción de los artículos 44.1 y 175.4 del Código Civil en material de matrimonio y adopción.


 


La Iniciativa Legislativa Popular se regula en le Ley Orgánica 3/1984 de 26 de marzo, y constituye un instrumento de los ciudadanos para legislar en democracia. La propuesta debe ser apoyada por 500 mil firmas en un plazo de 6 meses a contar a partir de que la Junta Electoral Central lo notifique a los promotores. Una vez recogidas las firmas, el Congreso está obligado a debatirlo y votarlo en el Parlamento. 

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