Presidenta de la Confederación Estatal de Centros (CECE)
Con 5.800 asociados, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) discrepa de la LOE. Su presidenta dio ayer una conferencia en Valencia invitada por la Fundación Mainel en colaboración con AVAFAM.
Su conferencia es sobre la «Educación en Libertad». En un Estado de Derecho, ¿es obvio?
-El derecho a aprender de forma gratuita en el centro que la familia desee no se respeta y, lo que es más peligroso, puede que deje de respetarse totalmente.
-¿Lo dice por la reforma que plantea le Ministerio de Educación?
-Un anteproyecto de ley orgánica que no se atenga totalmente al desarrollo de la Constitución, indudablemente, no está respetando los derechos y las obligaciones a la educación del artículo 27 de la Constitución. Hay un pacto corriendo por ahí que Ministerio desea que se firme por las fuerzas sociales para justificar que este anteproyecto de ley cumple lo que desea la sociedad, pero es un pacto de recorte de derechos; por lo tanto, no hay que hacer ningún pacto porque en el año 78 las fuerzas políticas construyeron la Constitución española y si se da cumplimiento al artículo 27 quedaría cumplida la expectativa.
-¿No le gusta el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE)?
-Es una ley ambigua. Estamos en el anteproyecto, pero con todo lo que se ha ido aportando en el Consejo Escolar del Estado hemos visto que no se ha corrido ni una coma. Plantean la educación como un servicio público y se presta a confusión. El servicio público es la actividad que se da desde una titularidad pública. Creemos que la educación es un servicio de interés esencial que se ofrece a la sociedad y debe permitir que los padres elijan el modelo de acuerdo a sus convicciones religiosas, pedagógicas. No puede existir un modelo único, el modelo de enseñanza pública, porque plantearía un monopolio del Estado y eso es malo.
-Pero los centros privados, con los conciertos, se obligan al recibir dinero público.
-Un concierto es un contrato que se hace entre una empresa privada y los poderes públicos con la obligación de que esa empresa dé la enseñanza gratuita a las familias. A una empresa educativa le da lo mismo quién le pague el servicio: la familia o el Estado. Me niego que se diga que hacia la empresa privada se desvían fondos públicos. No es cierto. La enseñanza concertada es por lo menos el 50% más barata que la pública de coste para el Estado.
-¿Sin concierto desaparecería la red privada?
-Nunca desaparecería. Los padres perderían el derecho a elegir centro educativo gratuito y sólo los de una posición económica alta podrían acceder. Sería un error, quitaría igualdad de oportunidades.
-Los niños inmigrantes están en la red educativa pública.
-En el ámbito nacional, la escuela pública es el 70% y la privada, un 30%. Pretendemos que las familias inmigrantes tengan los mismos derechos y obligaciones que las españolas. Tienen derecho a elegir y la obligación de tener rentas bajas, vivir cerca, tener hermanos en el centro y aceptar el proyecto educativo, como los españoles. Tenemos derecho a integrarnos en el entorno. Acogemos tantos niños inmigrantes como corresponden, depende de las zonas.
-La LOE prevé la distribución igualitaria de estos alumnos.
-No debería. A un niño no se le puede repartir como un paquete, su familia tiene derecho a elegir el tipo de educación que quiere.
-¿Es partidaria de eliminar el criterio de renta del Decreto de Admisión de Alumnos?
-Si, porque es una discriminación. En las familias donde trabajamos hombres y mujeres nuestros hijos pierden derechos, estoy en contra de que la educación básica y gratuita haya que pagarla.