La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Así lo proclama el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La familia viene siendo considerada universalmente como la unidad básica de la sociedad, y no solo desde su función de núcleo básico de convivencia, que lo es, sino como eje fundamental para el desarrollo económico y prosperidad de los Estados. Hasta tal punto es así que los europeos consideran que los tres factores más importantes para una buena calidad de vida son la salud, ingresos suficientes y el apoyo de la familia. En nuestra Constitución viene contemplada la protección en su artículo 39. Sin embargo la realidad actual es alarmante ya que la falta de apoyo estatal está llevando a los ciudadanos a asumir situaciones personales que ni coinciden con su querer ni con su planteamiento de inicio cuando constituyen su propia familia, y cuyo resultado produce un grave descenso de natalidad. En este sentido el demógrafo Máximo Livi Bacci indica que la caída de la natalidad conduce a Europa hacia una carestía de recursos humanos. Siendo insostenible dicha situación desde los puntos de vista demográfico, económico y social. Los hijos son también un bien público pues benefician incluso a quienes no los tienen. Por tanto al Estado le conviene remover los obstáculos que desalientan la natalidad, ya que de lo contrario en un futuro lo que escasearán serán las personas. Y no es que se esté obligando a las personas a tener más hijos, sino que son precisamente las personas que quieren tenerlos las que por falta de cobertura no pueden. Y así: cerca de la mitad de los ciudadanos españoles (un 47%) considera que tiene en líneas generales menos hijos de los que desearía. Un estudio realizado por el Ministerio de Asuntos Sociales revela que este hecho se debe principalmente a razones económicas (83%), cargas que implican los hijos (28%), a que la mujer trabaja fuera de casa (22%) y al pesimismo ante la situación económica y social (17%). España sigue siendo el país que menos gasto social destina a la familia, con un 2,7% de su PIB frente al 8,2% de la media europea, situando a las familias españolas en una clara desventaja frente al resto de familias europeas y encontrándonos a la cola de Europa en cuanto a políticas familiares. Las nuevas medidas económicas y de protección de los núcleos familiares se recogen en la Ley de Protección a las Familias numerosas publicada el mes de noviembre de 2003, que viene a actualizar la de 1971, cuyas normas habían quedado obsoletas. En la nueva ley se define, por una parte, el nuevo concepto de familia numerosa definiéndose igualmente las condiciones que deben reunir sus miembros, las distintas categorías en que se clasifican estas familias y los procedimientos de reconocimiento, renovación, modificación o pérdida del título. Y por otra se concreta la acción protectora vinculada a la condición de familia numerosa. En fecha 30 de diciembre de 2005, el Consejo de Ministros ha aprobado el reglamento que desarrolla la anterior ley incluyendo unas pretendidas “novedades” económicas y de apoyo en el ámbito de educación y vivienda –que ya se encontraban previstas en la anterior ley– así como ayudas en el 45% de la cuotas a la seguridad social para las familias numerosas que contraten cuidadores. Esto último, que era una reivindicación muy esperada, queda vacía de contenido al aprobar únicamente que solo se pueden beneficiar aquellas familias que tuvieran el personal contratado a la entrada en vigor del presente reglamento pero no las que necesiten de dicha ayuda desde dicha fecha en adelante. Para dar una idea de política familiar realista y eficaz, en Australia han aumentado las ayudas a la familia en busca del tercer hijo, al considerar que el país necesita aumentar su población para tener una economía fuerte, asegurando que el tercer hijo es para los padres “un deber nacional”. Igualmente las familias alemanas con hijos pagarán menos a la seguridad social, y así lo declaró el Tribunal Constitucional de dicho país, al considerar que las familias contribuyen con sus hijos a mantener el sistema de previsión, ordenando a corregir las leyes de la seguridad social para que las parejas con hijos obtengan rebajas en las cotizaciones que se deducen de sus salarios, obligando al Gobierno alemán a introducir la reforma. Igualmente los pagos en concepto de cuidadores de los hijos podrán desgravarse, así como la posibilidad de desgravar las facturas por pequeñas reparaciones o reformas de viviendas, que beneficia profundamente a la familia. Y por últi
