La luz no subirá durante 3 años para las familias numerosas

El «bono social» comenzará a aplicarse desde el próximo 1 de julio, previsiblemente, beneficiará a todas las familias numerosas (con título), pero no se aplicará automáticamente, sino que habrá que solicitarloLos hogares con consumos muy bajos de electricidad (con potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios), los pensionistas que cobren las prestaciones más modestas, las familias numerosas y los hogares donde todos los miembros estén en el paro se beneficiarán de lo que el Gobierno ha llamado el «bono social» de la luz, un descuento que, a la postre, supondrá que los precios no subirán durante los próximos tres años para esos beneficiarios. Son más de cinco millones de hogares, según una estimación del Ministerio de Industria que, sin embargo, no concuerda por exceso con otros datos recabados en el sector energético. El número aproximado de potenciales beneficiarios en Asturias es, por ahora, imposible de precisar, indicaron las fuentes gubernamentales y empresariales consultadas.

El «bono social» comenzará a aplicarse desde el próximo 1 de julio, fecha en la que desaparecerán todas las tarifas actuales para los 26 millones de clientes domésticos. La mayoría de ellos podrá desde entonces optar por contratar la luz con cualquier empresa eléctrica en el llamado mercado libre o acogerse a la nueva «tarifa de último recurso», una especie de precio máximo que determinará el Gobierno. Precio que, al contrario que la tarifa actual, habrá de recoger todo el coste real de la electricidad. Viene el mercado libre, pero, como estos mismos días avisó la patronal Unesa, la electricidad no va ser más barata. Dependerá como nunca del mercado, de cómo evolucione, principalmente, el coste de los combustibles.

Para proteger del presumible ascenso de precios que traerán el cambio a un sistema liberalizado y el final de la tarifa subvencionada, impuesto por la UE, el Gobierno ha negociado con las eléctricas el «bono social». Consistirá en que, con cargo a las empresas, los colectivos «más vulnerables» dispondrán de un descuento que cubra la diferencia entre la tarifa de último recurso general y una nueva tarifa reducida que también determinará el Ejecutivo. Según aseguró ayer el Gobierno, esa medida supondrá que, de hecho, el precio de la luz quedará congelado para los beneficiarios del «bono social» hasta 2012, cuando se producirá una nueva revisión del sistema.

El Ministerio de Miguel Sebastián habló ayer de cuatro grupos de beneficiarios. En primer lugar, cualquier familia cuya vivienda principal tenga una potencia contratada inferior a 3 kilovatios. Esto es, hogares con consumos mínimos y, presumiblemente por ello, con niveles de renta muy modestos. Industria cifró este número de familias en cuatro millones, como ya hizo cuando, meses atrás, creó para ellos otra tarifa con descuento. Ya entonces, en el sector eléctrico se comentó que el número era inferior. Menos de tres kilovatios de potencia contratada es tan limitado que impide tener funcionando a la vez una lavadora y una plancha.

El segundo grupo de beneficiarios son los pensionistas que cobran las pensiones mínimas del sistema. El Ministerio no especificó más. Si por esas pensiones se entienden las cuantías mínimas legales que fija la ley para los distintos regímenes y situaciones, sólo en Asturias habría más de 60.000 beneficiarios. Pero Industria no lo aclara. Y añade a la relación a las familias numerosas y a los hogares con todos sus miembros en paro (en Asturias eran unos 16.000 a finales de 2008). Según el Gobierno, entre pensionistas, hogares de parados, familias numerosas y las que cumplen el requisito de potencia contratada, el «bono social» llegará a cinco millones de familias y 14,5 millones de personas.

Lo que ha hecho el Consejo de Ministros es aprobar un decreto que compendia los acuerdos negociados con la industria eléctrica española durante los últimos meses, un largo proceso de conversaciones que tuvo como eje principal la búsqueda de una salida para el llamado «déficit tarifario», la deuda que el sistema español ha ido acumulando desde hace casi diez años por los desfases entre lo que familias y empresas han pagado por la electricidad y los costes reales.

Avafam

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