Asociaciones familiares y la Iglesia rechazan la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de ley que reduce a la mínima expresión el tiempo de espera para divorciarse


Con la nueva ley que el Gobierno aprobó el pasado viernes, 17 de septiembre, el divorcio podrá lograrse en 10 días desde el momento en que se incorporen a la reforma legal los juicios rápidos civiles. De esta manera, divorciarse será más expeditivo que casarse, dado que este proceso requiere de 4 meses para formalizarse. Además, la decisión del Gobierno socialista priva a todas las parejas que se separan de la oportunidad de reconciliarse antes de llegar a la separación definitiva. Éstos y otros aspectos han sido repetidamente criticados por diversas entidades y asociaciones familiares. Nuevas reacciones se siguen produciendo en este sentido y, así, el Foro Español de la Familia (FEF) se ha manifestado en contra de la reforma de la Ley del Divorcio, que considera “un desprecio total” a la familia y una equiparación de ésta con las parejas de hecho. Por su parte, la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas se ha mostrado contraria a una ley que “no puede ser peor”, sobre todo en lo referente a la posibilidad de regular la guarda y custodia compartida de los hijos. También la Iglesia critica al Gobierno de Zapatero por su polémica decisión. La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha declarado que con esta ley “muy probablemente lo que vendrá serán más divorcios y más sufrimiento”.


 


Sin escuchar a la familia

 


El FEF, que agrupa a 5.000 asociaciones y confederaciones españolas, ha señalado que según el borrador elaborado por los socialistas, el matrimonio pasará a ser “el contrato menos protegido por el Derecho, al poderse disolver en tres meses por voluntad de uno sólo de los contrayentes”. El Foro lamenta “profundamente que el Gobierno haya dado este paso arbitrario, sin oír a las organizaciones sociales y representativas de las familias españolas a través de la solicitada Mesa de Diálogo”. El FEF confía en que en el trámite parlamentario se pueda corregir una iniciativa “esencialmente negativa y perjudicial de forma que no llegue a aprobarse”. El portavoz del Foro, Benigno Blanco, ha afirmado que “un contrato que se puede romper unilateralmente por una de las partes a los tres meses sin que concurra ninguna causa más que la voluntad de no cumplirlo, no sólo no tiene nada que ver con algo tan serio para las personas como el matrimonio, sino que no puede llamarse ni siquiera contrato… ¿alguien alquilaría un piso si supiera que el arrendador a los tres meses de firmar el contrato puede reclamarle que abandone la casa en cualquier momento?


 


Contra la custodia compartida

 


La presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana Ma

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