La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) se mostró hoy contraria a la modificación del actual sistema de deducciones por hijo en el IRPF, que, según adelantó ayer el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez, podría empezar a aplicarse en 2006 en la cuota del impuesto y no en la base como sucede ahora.

Las familias numerosas consideran que la aplicación de la deducción en la base permite establecer de una manera ‘más justa’ la capacidad contributiva de cada ciudadano, esto es, el dinero por el que debe tributar, que no son todos sus ingresos, sino lo que le queda de restar a su renta sus necesidades básicas, personales y familiares.

Según esta organización, lo positivo de la reforma fiscal de 1999 fue precisamente introducir estas deducciones en la base con un nuevo concepto, el ‘mínimo vital y familiar’, que ya existía en otros países de Europa y que supone restar a los ingresos del contribuyente la cantidad de dinero que el Estado estima que es necesaria para cubrir las necesidades básicas de todas las personas que el declarante tiene a su cargo.

‘Este mínimo vital y familiar resulta claramente insuficiente y debería incrementarse para que se ajustara a la realidad económica de nuestros hogares, pero es desde luego un concepto mucho más justo que el de la deducción por hijo en la cuota’, subrayan las familias numerosas.

PERJUDICA A LAS FAMILIAS NUMEROSAS.

Igualmente, consideran que la vuelta al sistema antiguo de deducción supondría ‘perjudicar’ a las familias con más hijos porque éstas necesitan rentas más altas para poder vivir y es ‘injusto’ no tener en cuenta las necesidades económicas de esas familias a la hora de fijar el tipo al que tienen que tributar.

Las familias numerosas denuncian que si finalmente se lleva a cabo lo anunciado, el Gobierno ‘va a penalizar’ a los hogares con más hijos, lo que consideran ‘totalmente incompatible’ con el importantísimo apoyo que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió a las familias numerosas.

Finalmente, la FEFN apuesta por establecer la prestación universal por hijo a cargo para todos los ciudadanos, independientemente de sus ingresos, como la mejor forma que tiene el Estado de apoyar económicamente a los ciudadanos que tienen hijos.

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