Un buen articulo, publicado ayer (7/11/2005) en Las Provincias
Familia y libertad escolar
El empeño del Estado por ejercer el derecho a ser el único educador es sencillamente tiránico y paternalista, y suplanta lo que es propio de los padres
PABLO CABELLOS LLORENTE/
La próxima discusión parlamentaria del proyecto de Ley Orgánica de Educación abre un abanico de temas que afectan al núcleo de la sociedad, sencillamente porque la formación de la juventud es tarea prioritaria para cualquier país y porque afecta a derechos fundamentales, sobre todo de las familias, recogidos en el artículo 22 de nuestra Constitución y el 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
Pero no me apoyaré en estos textos legales, porque —como afirmó Juan Pablo II— “la Declaración Universal es muy clara: reconoce los derechos que proclama, no los otorga”. Y lo mismo se puede decir de la Carta Magna o de cualquier ley positiva que afecte a estos derechos fundamentales. Es importante proclamarlos, pero son anteriores a esos mismos textos legales.
En el siglo XIX, Antonio Rosmini escribía con incisividad: “La libertad es el ejercicio no impedido de los propios derechos. Los derechos son anteriores a las leyes civiles. El fundamento de la tiranía es la doctrina que enseña lo contrario… Si las leyes civiles pretenden ser superiores a los derechos que existen antes que ellas, si pretenden se su fuente, su patrón, son injustas, y el pueblo que tiene un gobierno fundado sobre tal teoría de la omnipotencia de la ley civil es esclavo”.
Pues bien, la Comisión permanente de la Conferencia Episcopal, a finales del pasado septiembre, emitió una lúcida nota en la que afirma que el citado proyecto de ley “no respeta como es debido algunos derechos fundamentales, como son el de la libertad de enseñanza; de creación y dirección de centros docentes de iniciativa social; el de establecer y garantizar la continuidad del carácter propio de estos centros; el derecho preferente de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir y, por consiguiente, el derecho de libre elección de centro educativo”. En nota posterior, dirigida a un diario, los obispos volvían a insistir en que el problema no es sólo la enseñanza religiosa, sino que “se cercena el derecho primario de los padres a la