LAS ADMINISTRACIONES SOCIALISTAS ADMITEN AHORA MILES DE OBJECIONES

Ante la falta de consenso y los fallos judiciales que amparan a los objetores,

Profesionales por la Ëtica solicita la retirada de la asignaturaMadrid, 21 de enero de 2007. Las Administraciones educativas socialistas empiezan a verse obligadas a admitir la importancia de las objeciones de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía. Así ha ocurrido el pasado 18 de enero en el transcurso de un debate sobre Educación para la Ciudadanía en Sonseca (Toledo), en el que el Delegado de Educación en la provincia, Francisco García Galán, reconoció públicamente que su departamento tenía registradas 3.900 objeciones a Educación para la Ciudadanía (EPC) solamente en Toledo. Esta cifra es incluso algo superior a la que se venía ofreciendo desde la entidades promotoras de la objeción, lo que no deja de ser sorprendente si se tiene en cuenta que hasta ahora tanto el Ministerio de Educación como la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ocultaban sistemáticamente los datos de objeciones de conciencia y despreciaban en sus declaraciones públicas el movimiento cívico de los padres a favor de la libertad de educación de sus hijos.

En el mismo sentido, el 16 de enero, el Viceconsejero de Educación de Andalucía, Sebastián Cano, ha declarado a los medios de comunicación que tiene contabilizadas 420 objeciones en toda la Comunidad Autónoma de padres a los que este año afecta directamente la asignatura por tener hijos en 3º de la ESO. Es también la primera vez que la Administración andaluza reconoce la importancia del movimiento objetor en esta Comunidad, que totaliza ya más de 4.000 objeciones para todos los cursos, a pesar del ambiente de amenaza y represión creado por las autoridades de la Junta para hacer desistir a los padres contrarios a la imposición de Educación para la Ciudadanía.

Además, en relación con la objeción a EPC, se ha producido otra novedad que refuerza a los objetores. En una resolución de 15 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha autorizado a los hijos de padres objetores de Málaga y Bollillos Par del Condado (Huelva) a no asistir a las clases de Educación para la ciudadanía, como medida cautelar, hasta que se dicte sentencia sobre el recurso contencioso en protección de derechos fundamentales presentado por dichos padres. Finalmente, en un nuevo auto judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que también había ya admitido anteriormente la no obligación de asistencia a clase de los hijos de padres objetores, ha confirmado que el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales es «la vía adecuada» en los recursos que los padres objetores habían presentado frente a EPC. De esta manera, el Tribunal rechaza una solicitud realizada por la abogacía del Estado y el gobierno asturiano, que habían intentado que el recurso de los padres objetores no se admitiese por la vía de protección de derechos fundamentales.

Ante estas importantes novedades que confirman la falta de consenso de la asignatura y su incompatibilidad con el derecho a la libertad ideológica reconocido en la Constitución, el Presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, va a solicitar al Ministerio de Educación la suspensión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en las siete comunidades autónomas en las que se está impartiendo en el presente curso y su posterior retirada tal como se encuentra desarrollada en los actuales decretos de contenidos. Igualmente, Profesionales por la Ética solicitará la dimisión de los consejeros de Educación de Andalucía y Castilla-La Mancha por haber negado la existencia de objeciones a EPC y por amenazar con el suspenso y la expulsión a los padres que, ejerciendo sus derechos constitucionales, se proponían objetar.

Para más información,

Jaime Urcelay, teléfono 690608702

José Luis Bazán, teléfono 619189047

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